La configuración de un modelo urbano en la UE ha sido más el resultado indirecto de determinadas políticas con incidencia territorial que un objetivo predeterminado en eventuales decisiones políticas. Estos modelos sucesivos no están contenidos como prototipos en obligaciones de Derecho positivo, pero su recepción ha sido propiciada bien por mandatos específicos en ámbitos concretos -como niveles de calidad del aire o régimen de residuos- o bien, con carácter más general, por una típica acción de fomento que vincula la financiación por fondos y programas europeos a la (voluntaria) observancia o desarrollo de estos modelos.
Desde los primeros elementos de ambientalización, este proceso ha ido añadiendo otros que han hecho de las ciudades “los laboratorios de soluciones transformadoras y sostenibles” (Comisión Europea 2018), dominadas por la renovación urbana, la conectividad verde, la menor ocupación y sellado de suelo y, más recientemente, la interacción con un sistema energético descentralizado y de proximidad.
Adicionalmente, es destacable el interés creciente de las instituciones europeas en la participación de las entidades subestatales -regionales y locales, en su terminología- en la ejecución de sus políticas con el declarado propósito de mejorar su eficacia: es éste el primer elemento de una visión ampliada de la participación, en la que concurren agentes y no gubernamentales y de la sociedad civil, conformándose de esta forma un sistema de gobernanza que viene a sustituir las viejas fórmulas de decisión administrativa marcadamente unilateral y aun arraigada en nuestra cultura administrativa.