Desde que el Convenio Europeo de Derechos Humanos entró en vigor en 1953, el derecho al respeto de la vida familiar reconocido en su artículo 8 ha experimentado un crecimiento exponencial, perfilándose como una delas previsiones más dinámicas y evolutivas de este texto. Un derecho que apenas tiene reconocimiento en los tratados internacionales de derechos humanos —con excepción del propio Convenio Europeo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea— y que tampoco se suele encontrar en la mayoría de las constituciones de los países miembros del Consejo de Europa. En particular, la propia Constitución Española carece de un reconocimiento tan explícito y desarrollado de este derecho, haciendo necesario preguntarse cómo se cumplen las obligaciones derivadas del mismo y cómo se recibe la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte del Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta estas premisas, la presente obra analiza los antecedentes, la estructura y el desarrollo jurisprudencial del derecho a la vida familiar por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, teniendo en cuenta la necesidad de establecer y mantener un diálogo entre los tribunales constitucionales nacionales y el propio Tribunal Europeo, se estudia cómo el Tribunal Constitucional, al amparo de los artículos 18.1 CE y 39 CE recibe y asume —o no— esta doctrina convencional.