La obtención de información por la Administración tributaria es en el momento actual una pieza fundamental para la aplicación de los tributos, pues sin ella no sería posible controlar si se cumplen, o no, las obligaciones tributarias por los sujetos pasivos. De esta forma la eficiencia de nuestro sistema tributario depende en gran medida de la información que facilitan los obligados tributarios a través de los distintos cauces (obligaciones de suministro de información, contestación a requerimientos individualizados, …). Ante esta realidad muchos son los interrogantes que se nos plantean: en qué medida puede la Administración exigir datos relativos a la situación económica de un contribuyente, hay algún límite a la petición de información, … Este estudio se centra en el análisis de los artículos 93 y 94 de la LGT que son los que regulan los deberes de información. Tras unas breves consideraciones acerca del fundamento constitucional y la naturaleza jurídica de los citados deberes de información, el trabajo intenta encontrar respuesta a cuatro cuestiones básicas: ¿cuál es el objeto de la información?, ¿quién está obligado a suministrarla?, ¿existe algún límite al deber de información?, y finalmente, ¿a través de qué cauces puede la Administración obtener esta información? y ¿qué requisitos se deben cumplir en el momento de solicitar la misma a los ciudadanos?