El reconocimiento del principio de autonomía local ha constituido uno de los elementos centrales de nuestro modelo de organización territorial del Estado. Sin embargo, son muchas las dudas que, aun hoy, presenta la concreta configuración del sistema de gobierno y administración local, especialmente en lo que a la asignación de competencias y recursos a los gobiernos locales, y a su protección frente a la acción del legislador, tanto estatal como autonómico, se refiere. Es precisamente en este último ámbito donde más claramente se ha puesto de manifiesto la necesidad de prever nuevos mecanismos jurídicos de protección de la autonomía local, complementarios a los procedimientos jurisdiccionales, que permitan a los gobiernos locales participar en la elaboración de aquellas políticas públicas que les afecten directamente. En este sentido, el actual proceso de reforma estatutaria supone un marco de referencia ineludible, pues la voluntad de reforzar la participación institucional de los entes locales en los procedimientos decisorios que les afecten se ha plasmado en la creación y regulación por parte de los diferentes estatutos de autonomía de órganos específicos de representación local, destacando especialmente la nueva figura del Consejo de Gobiernos Locales prevista en Cataluña. Desde esta perspectiva, el presente trabajo, partiendo del modelo catalán, pretende ofrecer un amplio análisis de dichos mecanismos participativos, profundizando en su específico diseño institucional y avanzando hipótesis para su futura regulación legal.