Esta obra aporta un tratamiento global y útil de la figura del urbanizador, ofreciendo elementos que permiten obtener los rasgos definitorios de cada una de las Comunidades Autónomas y realizar su comparación. El urbanizador ha sido la denominación genérica que se ha empleado para referirnos a las diferentes acepciones legales que permiten a la iniciativa privada no propietaria, asumir voluntariamente la responsabilidad de gestionar indirectamente la función pública de la ejecución de planeamiento urbanístico, previa tramitación de procedimiento concurrencial para su selección y presentación de las garantías que aseguren su compromiso inversor, sin que ello suponga la sustitución de los propietarios originarios. Y nace ante este problema jurídico de resolver la necesidad de armonizar las exigencias de la legislación de contratos públicos con la práctica de determinadas técnicas de gestión urbanística, a través de las cuales, virtualmente, se ejecutaban obras «públicas», destinadas a la creación de dotaciones «públicas», mediante procedimientos de contratación estrictamente «privados». Mediante el régimen especial de la contratación pública lo que se persigue, en síntesis, es que quien resulte adjudicatario en cada procedimiento sea el mejor de los, libre y públicamente, candidatos a ello, el mejor desde la perspectiva de que va a garantizar la mejor ejecución de la obra o la mejor prestación del servicio objeto del contrato en beneficio de los ciudadanos. El objeto de esta obra es el estudio de la participación de la iniciativa particular no propietaria en la ejecución del planeamiento, dentro de la legislación urbanística vigente; para ello, el autor hace un repaso a los orígenes o fuentes de esta figura, que es la tensión entre los propietarios de suelo y la Administración, con la finalidad de agilizar la actuación urbanizadora dando entrada a la iniciativa particular no propietaria. Además se ha querido dar una visión de los aspectos concretos de la regulación de