La constante y vertiginosa evolución de algunas formas de delincuencia, en especial cuando a la gravedad unen los componentes de la organización y la transnacionalidad, nos ha introducido en un mundo novedoso, diferentes y mucho más complejo de lo imaginado hace pocos años. En este reciente y dinámico contexto se ha desarrollado, como pieza clave, un nuevo escenario dentro de una “sociedad de riesgos” marcado por una crisis de la Administración de Justicia, más acuciada en el ámbito penal, siendo uno de los factores de esta situación la ineficacia de los medios o técnicas tradicionales de investigación criminal.
En este sentido, a día de hoy todavía no se ha logrado alcanzar una fórmula ideal, respetuosa con derechos y garantías procesales constitucionalizadas, que logre poner coto a los avances de la criminalidad posmoderna sin tener que utilizar métodos de búsqueda de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos fundamentales de las personas investigadas.
Ante este panorama presentado surge nuestro interés en estudiar el tema de la actuación de la figura denominada “agente encubierto” o “agente infiltrado”. De este modo se impone la necesidad de que los órganos de persecución criminal utilicen el trabajo de los agentes encubiertos como forma de penetración utilicen el trabajo de los agentes encubiertos como forma de penetración en el ambiente cerrado, y demarcado por una implacable ley del silencio, de los grupos delictivos. Y más con esto. La tarea se extiende a la labor de encuadrar este medio de investigación en el marco de un proceso penal garantista, el cual presenta como característica fundamental la búsqueda por una armonización o equilibrio de las dos fuerzas que se presentan en tensión: la búsqueda de eficiencia por parte del Estado y la preservación de las garantías de aquellas sometidas al proceso penal.