El procedimiento de ejecución hipotecaria ha sido modificado sustancialmente a raíz de la STJUE de mayo de 2013, produciéndose con posterioridad una avalancha de reformas legislativas que tratan “alocadamente” de adecuar un procedimiento ejecutivo sumario al derecho comunitario (a unas directivas que ya existían), dando entrada en el mismo a incidentes (de oposición por cláusulas abusivas fundamentalmente, sin olvidar el incidente de ocupantes) que desvirtúan, en gran medida, la propia naturaleza de este procedimiento.
A lo anterior debe unirse los problemas registrales que se plantean en la práctica judicial, ya que la finalidad última de la ejecución hipotecaria debe ser la satisfacción del crédito garantizado, lo que determina la adjudicación del inmueble hipotecado al propio acreedor o a un tercero. Así, los Registradores de la Propiedad son pieza fundamental, en el inicio, durante y en el fin de la ejecución hipotecaria, conviviendo sus calificaciones con las resoluciones judiciales dictadas en el trámite de ejecución. Distintos agentes jurídicos y una amalgama de normas, cuya aplicación, en muchas ocasiones, no resulta sencilla.
Esta obra trata de poner en relación todas esas normas procesales, registrales y comunitarias intentando arrojar algo de luz en un procedimiento complejo, cada vez más alejado de la sencillez procesal con la que fue concebido, precisamente para garantizar la rapidez en la satisfacción del crédito garantizado con el derecho real de hipoteca.