Por décimo año consecutivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elabora y presenta el Informe anual de Derechos Humanos y Discapacidad, en este caso el correspondiente al año 2017.
Son diversas las fuentes tomadas en consideración para su confección, a saber: las consultas recibidas en el propio CERMI; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de propuestas, incidencia y presión política y legislativa de la Entidad; las denuncias, quejas y reclamaciones de personas particulares y organizaciones sociales y profesionales colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a distintos ámbitos jurídicos, así como las noticias e informaciones publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI.
Este Informe canaliza también el sentir de las organizaciones miembro del CERMI que, a través de entrevistas individuales con sus responsables, han proporcionado material de gran valor para rastrear y acreditar la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
El Informe registra 300 denuncias de violaciones de derechos, 46 avances y 26 propuestas de mejora, cifras que arrojan un saldo todavía muy negativo en materia de derechos humanos, que prueba la quiebra de los mecanismos de protección de que se ha dotado España para promover y asegurar la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. El resultado es, por tanto, de discriminación, desigualdad, exclusión y desobediencia al imperativo jurídico que nuestro país tiene contraído respecto de la Convención de Naciones Unidas de 2006.
Este Informe confirma un año más, pese a los tímidos avances, la situación de vulneración sistemática y estructural en esferas críticas para la plena participación comunitaria de las personas con discapacidad como los derechos políticos, la autonomía económica, la educación inclusiva y de calidad, la ausencia de accesibilidad universal, el nivel de protección social adecuado o los recursos y apoyos suficientes y estables para una vida independiente.