Si bien las personas con discapacidad, no tienen derechos distintos a los demás seres humanos, que pudieran considerarse privativos y específicos, es una evidencia mundial que no pueden acceder a ellos y ejercerlos como el resto. La discapacidad excluye y reduce, a veces sustancialmente, el acceso a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Para atajar ese estado de cosas, la comunidad internacional a través de la Organización de Naciones Unidas se dotó en 2006 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico vinculante que no crea nuevos derechos pero que proporciona mecanismos para que los existentes y comunes a toda la familia humana alcancen verdaderamente a las personas con discapacidad.

España ha hecho suya esta Convención, en virtud de la cual ha asumido compromisos de Derecho internacional mediante los que se obliga a establecer un marco de respeto y garantías para hacer efectivos los derechos, la inclusión y el bienestar de los hombres y mujeres con discapacidad que residen en nuestro país. Este informe, confeccionado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en tanto que organismo independiente del seguimiento de la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España, registra el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España en el año 2013. Se une así a los informes que el CERMI viene haciendo anualmente desde el 2008, y que ofrecen una secuencia ya dilatada de la realidad de la protección legal de las personas con discapacidad que permite, además, detectar tendencias y efectuar comparaciones.

Siguiendo una metodología rigurosa, a partir de fuentes contrastadas, Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2013 muestra la deficiente calidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España y lo ingente de la acción política y legislativa pendiente para poder alcanzar cotas de normalidad cívica para este grupo social.