Con la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura se produce una redistribución de las competencias urbanísticas de las Administraciones con un incremento sensible de las responsabilidades atribuidas a los Municipios, si bien desde la reserva competencial a favor de la Comunidad Autónoma en materias de orden estratégico o estructural. Este nuevo cuadro competencial, junto a los nuevos instrumentos normativos, de gestión y disciplina (Proyectos de Interés Regional, Agente Urbanizador, Patrimonios Públicos del Suelo...), que en definitiva pretenden garantizar a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, explorándose las posibilidades de la iniciativa privada y realizándose una ordenación del territorio respetuosa con el medio ambiente, demanda un estudio sistemático al que damos respuesta con estos extensos comentarios elaborados por autores expertos en la materia, muchos de ellos en ejercicio profesional en esta Comunidad Autónoma. Las líneas fundamentales de la Ley del Suelo, objeto de estos comentarios, pueden sintetizarse así: Se dota a Extremadura de una legislación específica propia en materia de urbanismo.- Se procede a un desarrollo pleno de la competencia legislativa propia conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de Marzo, y teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, en cuanto marco extraurbanístico de referencia. Su configuración y articulación se produce a partir de y para las características propias de la Comunidad de Extremadura: las de su territorio y sus recursos naturales. Se apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades.- Persigue que se haga realidad el derecho constitucional de todos a una vivienda digna y adecuada, concediendo gran importancia a la rehabilitación y recuperación del patrimonio arquitectónico existente. Racionaliza el sistema de planeamiento.-