La L.E.Crim. es, junto con el Código Civil, una de las normas sobrevivientes del movimiento codificador del siglo XIX. Supervivencia no casual, sino apoyada en su origen liberal y progresista que pretendió incorporar la corriente garantizadora venida de la Revolución francesa, por lo que siempre se dijo de ella que era una de nuestras normas más avanzadas. Pero lo cierto es que, pese a ello, ni en los criterios de su aplicación, viciados por los usus fori arrastrados de la etapa procesal que la había precedido, ni por el sentido de las reformas parciales en ella introducidas, generalmente producidas en las etapas de concepción autoritaria que desgraciadamente han predominado en el devenir político de nuestro país, el espíritu liberalizador y garantista de que pretendieron dotar a la L.E.Crim. sus redactores, nunca se llegó a alcanzar su plena eficacia y desarrollo. Tras la nueva etapa democrática y la promulgación de la Constitución de 1978, el principio del "juicio justo" y las garantías fundamentales que del mismo se derivan, han provocado una verdadera revolución en el desarrollo de nuestro proceso penal, acelerada por la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a las exigencias del principio acusatorio, a las de un proceso con todas las garantías y a las condiciones de licitud de la prueba y su eficacia para destruir la constitucionalizada presunción de inocencia. Todo ello exige que quien hoy pretende aproximarse a una exégesis de las normas de nuestra L.E.Crim. haya de hacerlo bajo el prisma de los principios constitucionales, inspirándose en las nuevas construcciones doctrinales y recogiendo lo que hoy es la praxis de nuestro proceso penal. Esto implica la necesidad de unos comentarios a L.E.Crim. actualizados, necesidad tanto más acuciante cuanto que las últimas reformas en materia de prisión condicional, de medidas cautelares a favor de las víctimas de la violencia de género y los nuevos procesos presididos por la celeridad del enjuiciamiento - procedi