La comprensión del significado y alcance del “principio general y superior de la buena fe” es básico para entender no sólo la vida misma del contrato desde su preparación hasta su extinción sino, además, algo tan importante como es la dependencia e interrelación que existe entre el derecho y los valores éticos, encontrándose en este principio el camino seguro de adaptación permanente de la norma a la realidad, permitiendo que sin que las leyes varíen se resuelvan con justicia situaciones en permanente cambio.
Gracias a la vigencia plena de este principio, el derecho contractual, lejos de estar en “crisis” se ha adaptado por obra de la jurisprudencia y doctrina, permitiendo que sin reformas legislativas trascendentes, normas del siglo XIX regulen realidades nuevas de siglo XXI, posibilitando la coexistencia pacífica en la interrelación de intereses tanto entre particulares como entre los Estados o aun entre las mismas comunidades regionales. Su plena vigencia brinda confianza y esperanza en el futuro del contrato como instrumento justo de interrelación de intereses. En miras al bien común.