La política criminal es concreción, en el ámbito de la lucha contra el delito, de los principios generales a los que responde la política toutcourt. Y cuando, como es el caso, la desregulación es uno de los principios sobre los que pivota la globalización, económica y política, el sistema penal tenderá a reducir sus espacios de intervención punitiva. Allí donde, en aplicación de las propuestas neoliberales que llevaron a la crisis económica mundial de 2008, no se regula la economía lícita, tampoco se regula la ilícita, y crecen los ámbitos de impunidad y connivencia (“Derecho penal del amigo”) con la criminalidad socioeconómica funcional a los requerimientos de la lex mercatoria: paraísos y amnistías fiscales, gran corrupción política, indultos, procedimientos inidóneos por obsoletos, figuras delictivas puramente simbólicas, etc.
Simultáneamente, se retoma el argumentario contrainsurgente, urdido como respuesta mundial a los atentados a las Torres Gemelas (Nueva York, 2001), que conforma la base ideológica del “Derecho penal del enemigo”, para aplicarlo a la lucha contra las pequeñas infracciones (delitos de bagatela, top-manta, irregularidades administrativas), atribuidas a los colectivos no funcionales a los mercados: los indigentes excluidos, paradigmáticamente representados por el inmigrante irregular.
La política criminal de nuestros días no es, así, unidireccional, sino bifronte, jánica. Como Jano, el dios de las dos caras, se proyecta en dos direcciones, solo aparentemente contrapuestas: la una, plutofílica, de connivencia con el poderoso, que manifiesta su poder tanto en la producción como en la aplicación de la ley; la otra, aporofóbica, de rigor punitivo frente al pobre; ese que, en nuestras sociedades presididas por el principio del intercambio, aporta muy poco y que, en consecuencia, no puede esperar nada.