Se han cumplido ya 25 años desde la creación del Tribunal Arbitral de Barcelona, coeditor de esta revista.

Fue la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje la que abrió las puertas al arbitraje institucional, y permitió que las partes pudieran encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos estatutos incluyeran funciones arbitrales.

Muy poco tiempo después se constituyó "L'Associació Catalana per a 'Arbitratge" y en febrero de 1989 inició sus actividades el Tribunal Arbitral de Barcelona.

No fueron pocas las dificultades con las que se encontraron los promotores del TAB, que tuvieron que vencer y superar actitudes contrarias al arbitraje. Sin su esfuerzo y dedicación la empresa habría fracasado. Años después, con el fin de fomentar el arbitraje y favorecer el arbitraje internacional, se promulgó la ley 60/2003, de 23 de diciembre, basada en la ley modelo CNUDMI/UNCITRAL, que en líneas generales fue bien aceptada tanto por el sector como por la doctrina especializada. La reforma de la citada ley, por la ley 11/2011, de 20 de mayo, que comentamos ampliamente en anteriores ediciones de este Anuario, reguló por primera vez con carácter legal y general el arbitraje societario, dispuso que el árbitro en derecho debía tener la condición de jurista (no solo abogado en ejercicio), y confirió a los Tribunales Superiores de Justicia competencias en materia de control y apoyo del arbitraje. Durante estos años el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrado aproximadamente 2000 procedimientos arbitrales sobre cuestiones muy diversas, con predominio de conflictos societarios, de ejecución de obras y en los últimos años de productos financieros.