En todo proceso de desarrollo es precisa la existencia de un Estado de derecho
que, entre otras cosas, garantice la libertad política y económica, fomente la
educación y proporcione las instituciones e infraestructuras necesarias. Hacia ese
objetivo deben tender las funciones del Estado, cuya cualidad sustancial será la
eficacia en realizarlo. En este sentido hay que entender el proceso que se puso en
marcha en España, desde finales del XVIII, para una más adecuada “articulación
territorial”, que hiciera posible alcanzar las indicadas metas modernizadoras. En
consecuencia, España, a partir de entonces, y hasta la transición,...