Puede afirmarse que ningún otro asunto relativo al patrimonio
documental ha sido tan polémico en España desde hace un cuarto
de siglo como el de los denominados «papeles de Salamanca». Ninguno
ha suscitado tan vivos debates durante casi todas las legislaturas
de tres cámaras parlamentarias, el Congreso, el Senado y el Parlamento
catalán; ninguno ha merecido una atención equiparable por
parte de los medios de comunicación; ninguno ha sido objeto de
más solemnes posicionamientos partidarios, ni de más altas negociaciones
políticas, de más encendidos artículos, ni de más concurridas
manifestaciones callejeras.