Este trabajo analiza la conexión entre el principio de protección de los consumidores y el Derecho antitrust, tomando como ejemplo uno de los requisitos de inaplicabilidad de la prohibición de prácticas colusorias contenidos en los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y 81.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, concretamente la exigencia de que los consumidores participen de forma equitativa de los beneficios de la práctica colusoria. Este requisito ocupa una posición fundamental en el sistema de inaplicabilidad ya que constituye la garantía de que las prácticas admitidas no van a perjudicar a los consumidores. A pesar de su importancia, el estudio detallado tanto del marco analítico utilizado por las autoridades de defensa de la competencia para comprobar su cumplimiento, como de su comprobación en la práctica por dichas autoridades y por los órganos jurisdiccionales, pone de manifiesto que este requisito se evalúa de manera muy deficiente. Por ello se sostiene que las asociaciones de consumidores son las más indicadas para controlar su cumplimiento y se detallan las posibles vías para llevar a cabo este control, tanto en el marco de los procedimientos administrativos como en el de los jurisdiccionales.