Hace sólo algunas décadas, en pleno desarrollo del Estado del Bienestar,
se llegó a creer que un ambicioso sistema de protección que combinase
el crecimiento económico, la expansión del sistema productivo y la asistencia
e intervención en las fracturas sociales sería la piedra filosofal
que solucionaría la vieja cuestión social en las sociedades occidentales.
Ciertamente, el Estado del Bienestar permitió una relativa integración
de la mayoría de la clase obrera --que, incluso bajo formas poco igualitarias
y conflictivas, se benefició de determinadas garantías en materia
de seguridad en el empleo, de acceso a la educación y de participación
en valores culturales comunes-, y, en general, supo asegurar durante
varias décadas un notable incremento de la riqueza global y mejoras
espectaculares --e históricamente desconocidas- en los niveles de vida
de sectores muy considerables de la población. Sin embargo, estos burocratizados
sistemas estatales de protección social estuvieron muy lejos
de erradicar la pobreza y las desigualdades.