En el año 2005, y tras una larga controversia jurídica, el Parlamento Europeo rechazó la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores que había sido presentada por la Comisión Europea en febrero de 2002. Dicha Propuesta suscitó posiciones confrontadas entre los partidarios de las patentes de software y sus detractores, que veían en esta iniciativa de la Comisión un instrumento legal diseñado para favorecer a las empresas punteras en el mercado del software en detrimento de las pequeñas y medianas
empresas de este sector y de los partidarios de los sistemas de código abierto.