En el proceso, cada vez más avanzado, de reconstrucción de
nuestro pasado más reciente, siguen abiertas incógnitas o dudas razonables
que aún es preciso responder. En ese marco general, que
abarca a periodistas, politólogos, escritores y cualquier agente social
susceptible de generar opinión, los historiadores profesionales nos
enfrentamos a un reto cada vez más evidente. Aunque nuestra labor
de análisis debe basarse en las fuentes, en la documentación depositada
en los archivos, en las hemerotecas y en todo aquello que
contribuya a confirmar una hipótesis con la mayor objetividad posible,
resulta cada vez también mayor el compromiso con el acercamiento
del resultado de nuestro trabajo a la sociedad en general. Esto nos
sitúa, sobre todo en ciertos temas o periodos, en una disyuntiva
difícil de sortear: exponer la «verdad» histórica, entendiendo por
tal la acumulación de «pruebas» fehacientemente contrastadas, o
sobrepasar ese marco estrictamente académico y «opinar» también,
al calor de esas pruebas, para contribuir, desde nuestra perspectiva
profesional, al conocimiento general. La frontera siempre ha sido
difícil de establecer porque es obvio, en todo caso, que el historiador,
además de profesional de la historia, es ciudadano de a pie, sujeto
histórico y, como tal, subjetivo...