La indemnización de daños y perjuicios es una de las consecuencias civiles que pueden derivarse de la infracción de las normas comunitarias de defensa de la competencia, consecuencia que, estando reservada a la competencia de los jueces nacionales (los jueces comunitarios sólo serían competentes en el marco de una cuestión prejudicial), hasta hace relativamente poco tiempo no había merecido especial atención por parte de la Comisión. Esta situación cambió tras la sentencia «Courage» (Sentencia del TJ de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, «Courage Ltd/Bernard Crehan et Bernard Crehan/Courage Ltd. y otros», Rec., 2001, pág. I- 6297), en la que, partiendo de la doctrina del efecto directo de los artículos 81 y 82 del Tratado, y recordando el principio del efecto útil del Derecho comunitario, el TJ afirmó que la plena efectividad de la prohibición establecida en el artículo 81.1 se vería debilitada si no fuera
posible a los particulares el ejercicio pleno de los derechos subjetivos derivados de dicha norma mediante la reclamación de daños y perjuicios por las pérdidas de beneficios derivadas de una práctica anticompetitiva (núm. 26).