Hoy día es habitual hablar de «constitución económica» para referirse
al contenido económico de las Constituciones. Esta expresión se
comenzó a utilizar, por parte de los juristas alemanes, en la década
de los treinta del siglo xx y expresaba el cambio de la economía liberal
a otra en la que la intervención del Estado se traducía en la formulación
de un conjunto de normas básicas sobre el sistema económico acogido
por la propia constitución política. Este cambio se puede percibir en
la Constitución de Weimar (1919), desde la que se extendió a otros
textos europeos, desarrollándose tras la segunda guerra mundial. En
España, la Constitución de 1931 es la primera que refleja esta tendencia,
aunque hasta la de 1978 no se encuentra una verdadera constitución
económica.