La gravedad de los problemas de salud pública que afectan a los países menos desarrollados, especialmente los relacionados con el sida, tuberculosis, paludismo y otras epidemias, ha convertido a la cuestión del acceso de estos países a los medicamentos en un asunto prioritario dentro de las negociaciones llevadas a cabo en los últimos años por la OMC. En este contexto, una de las cuestiones que se han venido planteando es la forma de garantizar que la protección mediante patente de los productos farmacéuticos no impida que los habitantes de los países menos desarrollados tengan acceso a los fármacos necesarios y, al mismo tiempo, que el sistema de patentes siga proporcionando incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos.