En nuestro entorno las acciones privadas por daños ocasionados por conductas contrarias al Derecho de la competencia son escasamente ejercidas. Normalmente quien se atreve a ejercerlas son empresas a las que estas prácticas les ha ocasionado un importante perjuicio y a las que compensa litigar en solitario para lograr la plena reparación de esos daños. En general, el escaso número de reclamaciones en este ámbito, se ha atribuido a diversas dificultades que deben superar aquellas empresas o ciudadanos afectados que se plantean una actuación judicial de este tipo, repercutiendo ello de modo negativo en la tutela judicial efectiva de estos sujetos y en la disuasión (no punitiva) de las conductas ilícitas.
En estas circunstancias, la Directiva 2014/104/UE pretende allanar el camino a estas demandas, facilitando la reparación de los perjuicios en el ámbito del Derecho antitrust, reforzando, mediante la aplicación privada, la efectividad de sus prohibiciones. La cuestión que se plantea en este trabajo es si la vía privada, que trata de facilitar la Directiva, debe ser completada con instrumentos de tutela colectiva para lograr los fines propuestos en la normativa comunitaria.