El de los alojamientos turísticos o de corta duración es uno de los sectores en los que la llamada economía colaborativa ha tenido un mayor impacto social. Las modernas plataformas digitales permiten llevar a cabo con gran facilidad las transacciones necesarias para que los propietarios de un considerable número de viviendas las alquilen a turistas y, de esta manera, las aprovechen más eficientemente de lo que hasta ahora venían haciéndolo.
Esta nueva forma de actividad está generando incontables problemas jurídicos, de resultas de la circunstancia de que la normativa del sector frecuentemente no da una respuesta clara y equilibrada a las cuestiones que aquí se plantean. En el presente trabajo se analiza la conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, así como la oportunidad, de las medidas adoptadas por algunas Comunidades Autónomas y entidades locales con el fin de regular
específicamente, restringiéndolo, el uso turístico de viviendas.