La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, ha introducido, a través de su Disposición Final 43, una serie de modificaciones en diferentes cuerpos legales que han supuesto un cambio en nuestra normativa sobre propiedad intelectual. Al conjunto de tales modificaciones se le ha bautizado como «Ley Sinde». A lo largo de este artículo, se ofrece un breve panorama general de la reforma, pero se pretende básicamente llamar la atención sobre un concreto aspecto derivado de dicha regulación, a saber, el riesgo que encierra su posible aplicación extraterritorial. En este sentido, la clave del problema se halla en la tensión que puede apreciarse entre dos principios fundamentales: el principio del país de origen o reconocimiento mutuo (que rige la normativa comunitaria en materia de prestación de servicios en la sociedad de la información) y el tradicional principio de territorialidad para la protección internacional del derecho de autor, que la nueva regulación parece querer llevar hasta sus últimas consecuencias.