I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, luego de la reciente institucionalización de la Secretaría
General Iberoamericana (en adelante, SEGIB), un aspecto sobresaliente dentro del
fortalecimiento de la institucionalidad de la Comunidad Iberoamericana consiste en
la determinación del estatuto de miembro y los criterios de adhesión a la misma, a la
par de la posible incorporación de otras figuras que permitan la participación 1. De
este modo, dentro de las recientes reformas experimentadas en la Comunidad
Iberoamericana de Naciones (en adelante, CIN) se ha planteado con mayor vigor la
cuestión relativa a la membresía y aquella referida a la posibilidad de acoger en el
seno de la CIN a nuevos sujetos participantes.
Como es sabido, la Comunidad Iberoamericana de Naciones se ha constituido y
construido como un ente independiente a través de las Cumbres de Estado y de
Gobierno celebradas desde 1991; en términos de Celestino del ARENAL, constituye
no solamente «un foro de diálogo y reflexión, sino también en un espacio de concertación
política y de cooperación multilateral» 2.