Desde el inicio de la construcción del sistema constitucional por
las Cortes de Cádiz la libertad de expresión se convirtió en una pieza
esencial de su estructura, y dentro de ella la libertad de imprenta
ocuparía una posición central, especialmente cuando en la primera fase
estrictamente liberal del nuevo Estado el horizonte individualista, al
no reconocer las libertades políticas de acción colectiva de corte democrático,
como el derecho de reunión o de asociación, contemplaba aquélla
como casi única libertad reconocida, libertad que junto a un sufragio
acotado en concepciones puramente censitarias, agotaría los cauces de
participación y expresión política del ciudadano. En este horizonte,
dadas las limitaciones técnicas en el desarrollo de los medios de comunicación
de masas y el propio carácter embrionario de los partidos
de notables de la época, la imprenta y, sobre todo, la prensa periódica
se convirtió, en el marco del Estado Liberal, en la gran protagonista
de la formación, encuadramiento y movilización de la opinión pública
y, junto con los institutos parlamentarios, en el gran vehículo para
el control de la acción de los poderes públicos.