I. INTRODUCCIÓN
La inmigración es una de las situaciones políticas, jurídicas y económicas más
complejas que se dan en el mundo actual. El acceso a medios de transporte, la liberalización
de normas para la circulación de personas, bienes y capitales, las necesidades
propias de las empresas multinacionales, la demanda de mano de obra y personal
calificado en algunos países y la sobreoferta laboral en otros lugares, la
búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, son algunos de los factores
que abonan en la enorme movilidad de personas que hoy se da a nivel mundial, y que
en varios espacios regionales cobra especial importancia.
Tradicionalmente ligado a una competencia exclusiva del Estado sobre sus ciudadanos
a través del vínculo de la nacionalidad, la legislación internacional ha abordado
el tema de las migraciones en aspectos muy específicos, siendo el más destacado el que
desarrolla la Organización Internacional del Trabajo —OIT— en materia laboral. Sin
embargo, en los acuerdos internacionales sobre derechos de la persona, el tema se aborda
de manera tangencial y por lo general recae dentro de las competencias estatales por
la forma en que es tratado, pues la mayor parte de normas convencionales remiten a las
leyes internas, expresión típica de la autoridad del Estado dentro de su territorio.