Entre los años 2014 y 2019, el autodenominado Estado Islámico ocupó parte del territorio de Siria e Iraq y explotó sistemáticamente sus recursos económicos, especialmente el petróleo y los bienes agrícolas. Asimismo, estableció tributos y expolió bienes culturales protegidos. Prima facie, este expolio se hizo en contravención de los preceptos jurídicos que regulan las obligaciones de las potencias ocupantes, así como de alguna otra convención internacional. Este trabajo examina los problemas derivados de la aplicación de dichas normas a un ente de naturaleza tan peculiar como el Estado Islámico para después considerar la responsabilidad, colectiva e individual, que la posible vulneración de tales normas implica. Teniendo en cuenta la controvertida naturaleza del conflicto armado generado, se examinan las posibles vías judiciales, nacionales e internacionales, a través de las cuales se podría llegar a incoar un proceso contra los responsables de los hechos ilícitos mencionados.