A partir de ciertos principios económicos, de la doctrina emanada del Tribunal Supremo y de la de autoridades administrativas como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el artículo intenta poner de manifiesto que la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual en España se ha desarrollado a partir de la idea de que unos altos costes de transacción hacían inviable la gestión directa de los titulares de esos derechos o a través de un tipo de intermediación mercantil convencional. Sin embargo, lo que no era sino una consideración económica, con las características de la propia propiedad intelectual —tecnológicas y de preferencias—, se ha convertido en un modo de gestión obligatoria para una parte importante de esos derechos, muy proclive a obstaculizar la libertad de entrada en la gestión, que frena la introducción de la revolución tecnológica de los últimos años y favorece comportamientos monopolísticos que, por su poder de mercado y sus privilegios, ponen en jaque algunos bienes jurídicos igualmente protegidos como la competencia efectiva en los mercados.