La cuestión de la implementación de los derechos humanos, especialmente los económicos
y sociales, se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos de la filosofía política y
jurídica actual. La creación de la Corte Penal Internacional puso de manifiesto el status especial de
los derechos humanos civiles y políticos que se sitúan por encima de las soberanías nacionales.
Los derechos económicos y sociales, sin embargo, están lejos de haber alcanzado una situación
similar. En el presente trabajo discutiré la tradicional distinción entre derechos negativos y positivos,
el papel del estado en general y de los jueces en especial en el resguardo de ambos tipos de
derechos y mostraré las correlaciones que existen entre ambos tipos de derechos. Analizaré, por
último, de qué modo es factible que los jueces defiendan la validez y vigencia de los derechos
humanos económicos y sociales cuando los otros poderes, ejecutivo y legislativo, no ofrecen una
efectiva implementación de aquellos. Esta intervención del poder judicial es usualmente considerada
una indebida intromisión de los jueces en la arena democrática, sin tener tras de sí el respaldo
de haber sido elegidos por la ciudadanía. Intentaré responder a esta objeción.

Abstract: The issue of human rights implementation, especially that of economic and social human
rights, has become one of the most controversial subjects in current legal and political philosophy.
The establishment of the International Criminal Court revealed the special status of civil and political
human rights as standing above national sovereignties. Economic and social rights, however,
are far from reaching a similar position. In this paper I will discuss the traditional distinction between
negative and positive rights, as well as the role of the state in general and that of the judiciary in
particular in the protection of both kinds of rights; and I will show the correlations between both types
of rights. Lastly, I will analyse in which way it is feasible that judges defend the validity and efficacy
of social and economic rights when the other branches of government, the executive and the legislative,
do not offer an effective implementation of them. This intervention of the judiciary is usually
seen as an inappropriate interfering of judges in the democratic arena, without the backing of having
been elected by the citizenry. I will try to answer to this objection.