El artículo explica las modificaciones introducidas en la normativa española para establecer un sistema de cooperación de las autoridades administrativas de competencia y los órganos jurisdiccionales, cuando estos últimos aplican los artículos 81 y 82 del Tratado y los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. El objetivo es preservar la coherencia en la aplicación de las normas de competencia. La aplicación publica de la normas de competencia, en defensa del interés público, persigue que se cumplan las normas de competencia y disuadir de su incumplimiento, sancionando las infracciones. Por el contrario la aplicación privada protege los intereses individuales compensando a las victimas de las infracciones, pero al mismo tiempo tiene un papel disuasorio. Así, los jueces nacionales complementan la función de las autoridades administrativas de competencia en defensa del interés público.