La falta de autonomía local, heredada de un proceso descentralizador
asimétrico -vivido en mayor o menor medida por gran parte de
los países europeos-, las presiones en términos de eficiencia y volumen
en la provisión de bienes públicos locales estándar, así como la
pérdida progresiva de población de los municipios más pequeños y la
creciente movilidad –que se traduce en una disfunción entre territorio
administrativo y funcional–, han incentivado a los gobiernos locales
a recurrir a estrategias de cooperación intermunicipal que ayudasen
en la captación de nuevos recursos y en la reducción de efectos desbordamiento.