Este artículo analiza los intentos por parte del estado español de ofrecer
un marco regulatorio para las relaciones industriales a principios del
siglo XX. Se discute aquí que el conflicto principal se centraba en el reconocimiento
de los sindicatos por parte de los propietarios de empresas,
lo que hacía que cualquier acuerdo para finalizar huelgas en curso fuera
muy inestable. Respondiendo a un movimiento obrero cada vez más
activo, el Estado intentó regular las huelgas, pero sin embargo no se
decidió a forzar a los empresarios a reconocer a los sindicatos. Esto dio
pie a la formulación de un sistema transitorio que duró casi veinte años
en el que el empresariado pedía constantemente al estado que garantizara
la libertad de trabajo en las huelgas y el estado selectivamente desoía
a los empresarios para forzarles a conceder algunas de las demandas
de los trabajadores y evitar que los conflictos sociales adquirieran mayores
proporciones. Se analiza con detalle el papel del estado en las huel-gas
y se muestra cómo la intervención de las autoridades —generalmen-te
del gobernador civil— aseguraba la concesión de al menos algunas de las reclamaciones de los trabajadores. Finalmente, se argumenta que
este equilibrio institucional generaba la radicalización y movilización de
empresarios y trabajadores.

Abstract: This paper analyses the attempts of the Spanish state to regulate
industrial relations in the early 20 th century. The main conflict being over
union recognition, workers faced strong opposition from employers,
which generated a situation in which all possible agreements to end strikes
were unstable. Faced with an increasingly active labour movement,
the state tried to regulate industrial conflict but hesitated to apply state
authority to force recalcitrant employers to recognize unions. A transitory
system was in place for more than 20 years in which the state and
employers clashed over the issue of the freedom to work and the state
selectively applied its coercive power to force employers to give up on
some of the strikers’ demands. Tracing the role of authorities in strikes,
I show how the intervention of state officials in strikes granted workers
at least the partial satisfaction of their demands. I finally argue that state
intervention in industrial conflict fuelled the radicalism of both unions
and employers’ associations.