Sin duda las bases de cualquier sociedad moderna que trate de
resolver los problemas y retos del presente parten de una enseñanza
universal, pública y de calidad. Por tanto, todo esfuerzo en este campo,
aparte de irrenunciable obligación de solidaridad, se traducirá a medio
plazo en un beneficio multidireccional tanto para el individuo concreto
como para todo el conjunto social.
Si todo proceso educativo debe estar en continua revisión, sin que
ello implique necesariamente cambios prematuros de las grandes líneas
normativas, que en casos incluso podrían ser regresivos, la reestructuración
y/o acomodación a la nueva realidad social cuando menos
aconseja unos mínimos agiornamentos, toda vez que el marco social,
económico, político, cultural, técnico, etc., se muestra extremadamente
cambiante y desde luego sus usuarios e impartidores no precisamente
satisfechos.