A lo largo de estos últimos treinta años, los estudios sobre el carlismo
han tratado de responder de forma recurrente a un puñlado de cuestiones
esenciales: su caracterización sociall, el alcance de su compromiso reivindicativo
como ellegitimismo dinástico y la preservación de los fueros,
su pretendida vinculación y continuidad con otros movimientos políticos
contrarrevolucionarios, las razones de su sorprendente pervivencia más
allá de la plena consolidación del proceso revolucionario liberal, y las
causas de su no menos espectacular declive tras la última Guerra Civil.
Como es bien sabido, en los años setenta y ochenta la renovación historiográfica
sobre la cuestión vino de la mao de una relegación de
los factores jurídico-políticos, de una relativización de la vertiente ideológica
y de una revalorización del componente de protesta socioeconómica
del movimiento carlista (Pérez Ledesma, 1996, p. 134).