Al admitir que el Gobernador de un banco central nacional, como consecuencia del desdoblamiento de funciones que le corresponde a nivel europeo y nacional, puede proponer un recurso en anulación contra actos de Derecho estatal que afecten al ejercicio de su cargo, el Tribunal de Justicia revisa en el fondo las medidas cautelares de Derecho nacional adoptadas durante una investigación penal por corrupción. La sentencia conlleva una evaluación negativa tanto sobre la independencia del órgano que la ley estatal estima competente para adoptar dichas medidas, como sobre la legitimidad de las reglas procesales que la misma ley le manda seguir.
Las herramientas interpretativas forjadas a lo largo del proceso de integración se suman a la eficacia directa del principio de independencia judicial según declarado en Juizes Portugueses y refuerzan la ‘expansión oculta’ del Derecho de la Unión que se inauguró con la jurisprudencia sobre Memorandos de Acuerdo. En este marco, se acaba por otorgar de facto una inmunidad atípica a quien ocupe un puesto teleológicamente vinculado a los objetivos de la Unión; sin embargo, dibujar este horizonte sigue en las manos de los jueces de Luxemburgo.