El transporte aéreo es fuente habitual de reclamaciones por parte de sus usuarios. Cualquier retraso, por mínimo que sea, supone un cumplimiento parcial del contrato. La incertidumbre jurídica a la que se enfrentan los pasajeros generada, esencialmente, por la imposición de cláusulas no negociadas ha sido uno de los principales detonantes en la litigiosidad transfronteriza. Así, la notoriedad de cruciales asuntos que han accedido al seno del TJUE han hecho necesario que en el presente trabajo se aborden variadas cuestiones. La columna vertebral del mismo se asienta en una serie de parámetros que habrán de tenerse en cuenta para determinar qué juez conocerá de aquellas acciones ejercitadas por los viajeros, ante las incesantes inobservancias contractuales efectuadas por
consabidas empresas de servicios aéreos. Vislumbrar las diversas variables de foros competenciales ha supuesto situar, en ocasiones, a los viajeros en condiciones no del todo favorables. Ello es generado por la suma rigidez jurídica en la que descansan las obligaciones contractuales de consumo transnacionales, reguladas por el Reglamento (UE) 1215/2012 en su Sección 4.ª, del Título II.
De esta manera, en base a los últimos halos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia luxemburgués, se atisba que no todo pasajero aéreo puede ser reconocido como consumidor y, por ende, no es abrazado por los beneficios trazados en el orden procesal civil internacional, cuyo fin es blindar su posición en la litis frente al que ostenta la condición de empresario, en nuestro caso las aerolíneas
multinacionales.