A finales del siglo XVIII las instituciones monárquicas, en general
en Nueva España y en particular en Veracruz, se ponían en cuestión por
el crecimiento del capital comercial en manos de fracciones del criollismo
y peninsulares, por la crisis de su sistema corporativo étnico-racial,
por las tensiones que provocaba la jerarquía territorial cuestionada y en
discusión por las villas y ciudades y por unas fuerzas armadas necesitadas
de combatientes independientemente del color de la piel. Tras el sismo
de la guerra insurgente y la implantación del liberalismo gaditano y doceañista,
estas tensiones entroncaron con reformas planteadas directamente
por representantes de los intereses de las elites, que vendrán a
revolucionar definitivamente las estructuras centrales del Antiguo Régimen.
Incluso durante el sexenio absolutista, las autoridades virreinales
novohispanas retomaron y apoyaron varios de los principios de las «proscritas
Cortes» con el fin de enfrentar a los insurgentes.