La protección de los conocimientos e informaciones constitutivos de secreto en el ámbito de la empresa se ha venido caracterizando por la dispersión normativa, y además, en el plano
supranacional, por la falta de uniformidad. Tras la Directiva 2016/943, se inició una línea armonizadora en este aspecto en el conjunto de los países de la Unión Europea. Su reflejo en
nuestro ordenamiento interno ha sido la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que delimita los elementos del secreto empresarial, así como la titularidad y los posibles incumplimientos de
los deberes derivados de esta norma. Si bien no se trata de una norma laboral, sus efectos en este ámbito son innegables, especialmente teniendo en cuenta que, hasta la promulgación de
esta Ley, una herramienta utilizada por los empresarios para proteger información que hoy denominamos «secreto empresarial» era el recurso a los pactos de confidencialidad. Reforzadas
las líneas que definen el secreto empresarial, se plantean una serie de retos en el mundo del trabajo, lo que exigirá diseñar estrategias ex ante, es decir, de prevención para evitar posibles
incumplimientos (a través de protocolos, compliance, o mediante sujetos que controlen el cumplimiento de estas previsiones legales).