El 19 de diciembre de 2005 la Dirección General de Competencia sometió a discusión un documento en el que se recogen los principales criterios que la Comisión puede utilizar para aplicar el artículo 82 del Tratado a los que denomina «abusos exclusionarios», entendiendo por tales los comportamientos de empresas dominantes tendentes a producir en el mercado el efecto de dificultar la entrada o la expansión de sus rivales o a promover su salida. El documento no pretende ser exhaustivo, ya que no hace alusión a determinadas categorías de abusos como las prácticas discriminatorias o las que implican la explotación de la posición dominante, como, por ejemplo, la imposición de precios abusivos.