En este trabajo se recurre a cuatro argumentos con el fin de sostener que la posición metaética
de la teoría estándar de la argumentación jurídica —el objetivismo moral— se sustenta en
la comisión de una falacia que aquí se denominará «falacia cognoscitivista». Ésta consiste en la
obtención infundada de conclusiones de deber-ser a partir de premisas del valer (valores o juicios
de valor), y correlativamente, en la postulación de valores morales a partir de deberes jurídicos,
esto es, la determinación de los juicios de valor desde las normas positivas. El embalaje teórico
de dicha falacia es la tesis de la unidad de la razón práctica, como una fusión de diferentes dimensiones
y momentos de nuestra «vida moral» en un solo continuum: el razonamiento jurídico. En el
ámbito de las teorías del derecho constitucional-discursivas —de las cuales la de R. Alexy sería el
mejor ejemplo—, esta fusión significa la equiparación entre los principios jurídico-constitucionales
(normas jurídicas) aplicables a los casos concretos y los valores morales (preferencias axiológicas)
relevantes a los mismos. Esta equiparación hace que la teoría de la argumentación —inicialmente
concebida como una herramienta de validación moral de las decisiones jurídicas— devenga una
herramienta acrítica de legitimación política del poder en los Estados Constitucionales.


Abstract:In this work the author resorts to four arguments in order to assert that moral objectivism
—as the meta-ethic position of Standard Theory of Legal Argumentation— is based on the
commission of a fallacy, referred here as a «Cognitivistic Fallacy». This fallacy consists in the
unfounded passage from value premises (values or value judgements) to Ought conclusions,
and the correlative postulation of moral values based on legal ougthts, namely the determination
of value judgements out of positive legal norms. The theoretical expression of this fallacy is the
Unity of Practical Reason thesis, as a sort of fusion of diverse dimensions of our «moral life» in a
same continuum: the legal reasoning. In the context of Constitutional-Discoursive Theory of Law
—particulary R. Alexy’s—, this fusion results in putting constitutional principles applicable in concrete
cases (as positive law) at the same level than moral values relevant to those cases (as axiological
preferences). Drawing an equivalence between these concepts enables Theory of Legal
Argumentation —initially intended as a tool for moral validation of legal decisions— to turn into a
system for uncritical political legitimization of power within contemporary Constitutional States.