El presente artículo analiza la actitud española ante la presencia de
refugiados rusos en la Península desde la Primera Guerra Mundial hasta el
inicio de la Guerra Civil de 1936. Las decisiones de los sucesivos gobiernos
coincidieron en su intento de minimizar el impacto del exilio ruso,
adoptando medidas legales que dificultaban la llegada de refugiados,
expulsando, en ocasiones de forma trágica, a los exiliados sin papeles y
negándose a cooperar con la Oficina para los Refugiados de la Sociedad de
Naciones. Sólo en unos pocos casos se permitió que fuesen naturalizados,
convirtiéndose en ciudadanos españoles de pleno derecho