La CIJ («la Corte») ha dictado una importantísima providencia sobre medidas provisionales en el asunto Alegaciones de Genocidio en virtud de la Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio (Ucrania c. Rusia). Su importancia deriva no solo del contexto, sino también del lenguaje utilizado por la Corte, ciertas afirmaciones vertidas por esta respecto de las actuaciones rusas en Ucrania, y las medidas decretadas. Sin embargo, el resultado no disipa las dudas que plantea la demanda ucraniana relativas a la competencia ratione materiae de la Corte. Este trabajo analiza esta cuestión basándose en los argumentos planteados hasta el momento ante la Corte, llegando a la conclusión de que, efectivamente, ni en el texto de la Convención sobre genocidio, ni en la protección de su objeto y fin, puede Ucrania encontrar un fundamento claro para sus pretensiones.