El grado de permisibilidad en el acceso de los ciudadanos a los documentos en poder de las administraciones suele aceptarse como un indicador fiable del grado de transparencia y publicidad que rige en una determinada organización.
En el ámbito de la Unión Europea, y principalmente en los últimos quince años, se han hecho esfuerzos para favorecer la transparencia a través de la posibilidad de que el público en general tenga acceso a los documentos internos de las Instituciones comunitarias, reduciendo el ámbito de secretismo y de arbitrariedad de las Instituciones. Los expedientes que sustentan los trabajos comunitarios en materia de defensa de la libre competencia no constituyen una excepción, según ha quedado afirmado en diversas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y del Tribunal de Primera Instancia (TPI).

