La atención del Grupo de estudios de Política criminal, concentrada hasta ahora de forma predominante en la regulación sustantiva o procedimental penales, tarde o temprano debía dirigirse hacia un componente fundamental de cualquier política criminal, las actuaciones policiales encaminadas a la prevención y persecución de delitos.
El desempeño de los diferentes cuerpos policiales en el control de la delincuencia -no así en el mantenimiento del orden público- goza en nuestro país de un apreciable grado de satisfacción y confianza, a juzgar por los diversos indicadores disponibles sobre percepciones sociales. Ello supone un notable contraste con el aprecio social que merecen otras instituciones implicadas igualmente en el control del delito. La cuestión merece un análisis detenido, que no puede ser objeto de estas breves páginas, pero parece claro que las efectivas prestaciones que puedan estar ofreciendo las diversas instituciones competentes es solo una parte, y probablemente no la más importante, de la explicación. Razones ligadas a una transformación, entre espontánea e inducida, de las prioridades sociales en torno a los valores de libertad y seguridad, sin duda están en gran medida también detrás de esas percepciones.
En cualquier caso, esa complacencia social ha terminado reforzando la usual resistencia de los órganos del Estado detentadores del monopolio de la fuerza física a regular adecuadamente su uso. Las reglas que han de regir un ámbito tan sensible para las libertades ciudadanas se han formulado, bien de modo muy genérico, bien en instrumentos normativos de escaso rango difícilmente cognoscibles y controlables, retrasándose una y otra vez decisiones legislativas inaplazables en este campo.