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Transparencia y buen gobierno

Transparencia y buen gobierno
comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

  • ISBN: 9788490203286
  • Editorial: La Ley
  • Lugar de la edición: Madrid. España
  • Colección: Claves
  • Encuadernación: Cartoné
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 528
  • Idiomas: Español

Papel: Cartoné
90,00 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días.

Resumen

Todas las claves jurídicas, pero también políticas, para entender por qué es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y de las instituciones españolas avanzar hacia una cultura de la transparencia.

La nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno, es sin duda un avance, pero puede no resultar suficiente por sí sola.

Los comentarios al texto de la Ley van precedidos de una amplia introducción jurídico-política a cargo de la coordinadora, Elisa de la Nuez, que pone de relieve, en el contexto de la España de 2014, la utilidad de la transparencia como herramienta para controlar al Poder y exigirle la imprescindible rendición de cuentas, para luchar contra la corrupción y el despilfarro y para permitir una participación más activa e informada de la ciudadanía. En último término, también para luchar contra la impunidad.

La Ley de Transparencia no es una ley cualquiera. Puede ser un poderoso instrumento de transformación en manos de unos agentes conscientes y responsables. Pero también puede quedar en papel mojado haciendo que todo cambie para que todo siga igual. De los ciudadanos, y sobre todo de los juristas que la apliquen -tanto en el sector público como en el privado-, depende que no sea así y de que podamos extraer todo su potencial, a la luz del Derecho comparado y muy especialmente del Derecho europeo.

Por todo ello, no estamos solo ante un libro técnico de comentarios a la Ley, sino que se trata de un auténtico ensayo sobre la situación político-institucional en España, porque precisamente son nuestras instituciones, desde la Corona a los partidos políticos pasando por las Administraciones Públicas, los sujetos obligados por la nueva Ley en un contexto que se ha calificado de "malestar en la democracia".

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