La diversidad de problemas que acompañan y, al mismo tiempo, determinan los atributos peculiares de los fenómenos concursales convierte a la teoría del concurso en materia de profundo interés para el Derecho penal. Ello se debe, en buena medida, a sus implicaciones mixtas en ámbitos de diversa naturaleza como son la teoría del delito y la teoría de la pena; sin olvidar, junto a esta dimensión teórica, su constante repercusión en la práctica de los Tribunales 1. A pesar de esta relevancia significativa no puede decirse que el tema se haya situado entre los «preferidos» de la moderna ciencia del Derecho penal 2 ni que haya sido objeto de discusión o revisión por parte del legislador, sobre todo si tomamos en cuenta el consenso relativo sobre la necesidad de ahondar en dichos argumentos. La entrada en vigor del nuevo Código penal supuso un momento especialmente propicio para cimentar su desarrollo; pero la iniciativa no condujo (salvo las necesarias adaptaciones derivadas de las modificaciones en el sistema de penas) a un cambio sustancial respecto de la regulación anterior 3. Quizá los registros más novedosos correspondan a la introducción de una disposición que regula expresamente el llamado concurso de leyes #desconocida hasta ese momento en nuestros Códigos penales y sin precedentes en otros ordenamientos próximos#. Sin embargo, la presencia prácticamente inmodificada en nuestros textos legales de preceptos dedicados a establecer reglas para los supuestos de concurso de delitos, a la que se suma esa relativa falta de atención por parte de la doctrina científica, no significa que nos hallemos ante una materia sobre la que ya esté todo dicho. Más bien sucede exactamente lo contrario: tras un acuerdo #sólo en las capas superficiales de la apariencia# en torno al concepto y rasgos esenciales de las figuras concursales, surgen discrepancias cuando se profundiza en el significado y alcance de las mismas. Basta pensar en las rotundas dificultades que plantean, pongamos po