La Constitución Española garantiza y protege, entre los derechos fundamentales y las libertades públicas, el secreto de las comunicaciones, en todas sus vertientes. No obstante, no se trata de un derecho absoluto, inalienable a los poderes públicos, si no que, siempre que se cumplan escrupulosamente ciertos requisitos, dejará de ser inviolable para poder ser objeto de intervención por parte de la Administración de Justicia, y en su nombre, por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mediante la interceptación de las mismas.
Si bien no ha sido traducida esta protección, hasta el momento, por una profusa, concreta y vigente legislación, sí lo ha sido desde el punto de vista jurisprudencial, lo que ha servido también para regular todas las formas de comunicarse, desde las más antiguas como es el correo postal, hasta las más modernas, con las últimas tecnologías surgidas.
La presente monografía comienza asentando el concepto de comunicación que desde el punto de vista de protección constitucional interesa, llegando a la conclusión de que por comunicación debe entenderse el proceso de transmisión de expresiones de sentido a través de cualquier conjunto de sonidos, señales o signos. Dentro de las comunicaciones, resulta importante señalar las diferentes formas de comunicación a la hora de su estudio, en particular, las telefónicas y telemáticas, y por otro lado, las comunicaciones postales, ya que existen ciertos matices que diferencian unas y otras.
A continuación, en el ámbito de las comunicaciones telefónicas, se estudian una serie de requisitos de carácter procesal que no deben obviarse, diferenciando unos requisitos de legalidad constitucional de los requisitos de legalidad ordinaria, puesto que el incumplimiento de unos u otros conlleva unas consecuencias procesales distintas.
Seguidamente, se analiza la profusa Jurisprudencia en la materia, de indudable interés y de obligado cumplimiento por todos los operadores jurídicos, desde, entre otras cuestiones detallar la operatividad del sistema de interceptación, la protección de los datos asociados a la comunicación, para también señalar supuestos resueltos en los que existen dudas sobre su ajuste a las normas establecidas.
En cuanto a las comunicaciones postales, destaca la problemática en relación a los paquetes postales y su protección constitucional como comunicación. Por tanto, se incluye un amplio análisis de la cuestión.
Por último, se describe la protección que el Código Penal dispensa frente a las conductas contrarias a derecho y susceptibles de adquirir la condición de infracción penal.